Resumo em Espanhol:
La situación de la salud mental de los niños y adolescentes en América Latina y el Caribe es muy desigual, como lo son la composición étnica, los avances macroeconómicos, la estabilidad y las estructuras políticas, la organización social, la forma de control gubernamental sobre los servicios de salud mental, el grado de urbanización y la turbulencia política y social en los diversos países. Los recursos destinados a las investigaciones y servicios clínicos varían también de un país a otro. Muchos de los países latinoamericanos y caribeños cuentan con programas innovadores de salud mental, pero falta coordinación en la planificación y la asignación de los recursos. En el presente artículo se identifican los aspectos clave relacionados con el déficit en la capacidad de estos servicios en América Latina y el Caribe. Se exponen las nuevas iniciativas dirigidas a mejorar el acceso a los servicios y a mejorar su calidad sobre la base de proteger los derechos de los pacientes, entre ellas algunos novedosos programas preventivos. Además, se describe el énfasis creciente en las investigaciones relacionadas con las políticas.Resumo em Espanhol:
En muchos países de la región de las Américas, las personas con discapacidades mentales pueden ser recluidas en centros psiquiátricos contra su voluntad, indefinidamente, sin apenas justificación, y con poca supervisión o ninguna. Estas circunstancias son una clara violación de derechos humanos, tales como el derecho a la libertad, y del derecho al procedimiento reglamentario con todas las garantías judiciales, tal como establecen los tratados de derechos humanos con fuerza vinculante en los niveles internacional y regional. Además, muchos países de América Latina y el Caribe no han adoptado leyes específicas en materia de salud mental ni han interpretado los dictámenes constitucionales en el contexto de la salud mental de una manera acorde con los principios y recomendaciones que rigen actualmente en materia de derechos humanos. mecanismos de vigilancia y monitoreo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden constituir un instrumento jurídico eficaz y de utilidad para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidades mentales; en este sentido pueden suplementar las leyes nacionales o servir como fuente de regulación en aquellos lugares donde no existen leyes nacionales. Los países deben promulgar leyes nacionales que confieren una protección básica, de acuerdo con las garantías legales, a aquellas personas que hayan sido recluidas en centros de salud mental en contra de su voluntad. Esto ayudaría a garantizar que las personas no sean internadas y retenidas de forma arbitraria, que la discapacidad mental sea lo bastante grave como para justificar su internamiento involuntario, y que la decisión de internar y retener a la persona sea revisada periódicamente, de manera eficiente, por un tribunal independiente e imparcial. Consideramos necesaria una aplicación más rigurosa de las normas de los derechos humanos por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a fin de lograr que los estados se responsabilicen de la manera como tratan a las personas con discapacidades mentales y que promulguen leyes para proteger los derechos de aquellas que hayan sido recluidas en centros psiquiátricos contra su voluntad.Resumo em Espanhol:
El 17 de diciembre de 2003, en una decisión sin precedente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas urgentes de auxilio para proteger la vida y salud de 460 personas que estaban detenidas en el hospital neuropsiquiátrico estatal del Paraguay. Por primera vez la Comisión convocó a la toma inmediata de medidas críticas para combatir una serie de abusos que se venían cometiendo en una institución psiquiátrica. La entidad conocida por Mental Disability Rights International (MDRI, o Agencia Internacional para los Derechos de Personas con Discapacidad Mental) y el Center for Justice and International Law (CEJIL, o Centro de Justicia y Derecho Internacional) intercedieron ante la Comisión Interamericana a favor de dos niños, Julio y Jorge, que por más de cuatro años habían estado encerrados en celdas de dos metros cuadrados, sin acceso a un baño, así como a favor de otras 458 personas recluidas en la institución en condiciones igualmente inhumanas y denigrantes. Desde diciembre de 2003, la MDRI y el CEJIL, junto con la Organización Panamericana de la Salud, han venido luchando por conducto de la Comisión para lograr cambios fundamentales no solamente en las condiciones imperantes y en el tratamiento de las personas recluidas en el hospital, sino también en la estructura de los servicios de salud mental en el Paraguay.